Desalojo exprés en Azcapotzalco: la Fiscalía Ambiental vacía un edificio sin aviso ni orden judicial.

Eliana Gilet.

Vía: Proceso.

Sin aviso previo ni la posibilidad de defenderse para sus habitantes, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana de la Ciudad de México (Fidampu) aseguró el edificio ubicado en Cairo 266, en la colonia El Recreo, alcaldía Azcapotzalco, que en 2022 había sido declarado de interés gubernamental para la construcción de vivienda social por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dando inicio a un proceso de expropiación trunco que lo dejó en un limbo hasta su toma por la Policía de Investigación, el 16 de julio último, vaciándolo completamente. 

La Fiscalía Ambiental ha intervenido en múltiples casos como ese durante la última década, dónde antiguos vecinos con derechos terminan fuera de los espacios que han habitado por generaciones mediante acusaciones de despojo, especialmente aquellos que estaban en proceso de regularización, como el de Cairo 266.

El aseguramiento del inmueble confirma el mecanismo descrito en la primera entrega de la investigación publicada en Proceso que evita la vía civil para resolver quién tiene la legitimidad de permanecer en un edificio sin papeles, pero habitado, echando mano de operativos policiales sorpresivos en la madrugada, que cortan de cuajo la posesión de quienes lo habitan.

Esos operativos no pasan por el control de ninguna autoridad externa ni judicial, ya que el aseguramiento es mandatado por un “acuerdo” del propio Ministerio Público que lleva el caso, vinculado aquí a la carpeta CI-FIDAMPU/A/UI-1C/D/00253/03-2024 con la cual la Fiscalía tomó control de un antiguo edificio de 36 departamentos en esta zona popular del norte de la Ciudad de México.

Abierta en marzo de 2024, los vecinos pudieron confirmar que la denuncia fue interpuesta por una persona que no conocen, que no está vinculada con los antiguos dueños con quienes se trató el proceso de expropiación ni tampoco con los líderes de los grupos que invadieron parcialmente el edificio en 2023, una vez que se decretó la utilidad pública. Es decir: la Fiscalía capitalina favoreció el derecho de una parte nueva, que no había intervenido en un pleito ya de por sí muy enredado.

El aseguramiento también obligó a los habitantes a pasar por los duros momentos de un desalojo sin aviso:

“Vinieron policías, personas del INVI (Instituto de Vivienda de a CDMX) y granaderos a tocar las puertas, de una forma muy injusta a sacar gente, gritando, sin dejarnos de la privacidad de cambiarnos, ni de sacar cosas. Algunas personas dejaron a sus mascotas, cosas personales o papeles importantes. Fue a mitad de la noche cuando no puedes hacer algo más –explicó una de las vecinas afectadas a Proceso”.

Tampoco se les brindó información cabal de qué estaba sucediendo, lo que desató la confusión durante el aseguramiento, en particular porque la Fiscalía Ambiental deja las pertenencias de la gente dentro de los predios, que son clausurados con sellos en las puertas. Eso hizo que en el caso de Cairo 266 algunos habitantes los rompieran para entrar al lugar a sacar sus cosas. “Nos sacaron y ya, no nos dijeron otra cosa, no nos quisieron mostrar el papel del embargo del edificio ni identificaciones tampoco, traían pasamontañas. Todo sucedió muy rápido que ni tuve tiempo de procesarlo”, explicó la misma persona, que rentó un departamento junto a su familia tras la invasión de 2023.

El resto de los vecinos, alrededor de 12 de los 36 departamentos, según explicaron a Proceso, dejaron sus pertenencias dentro y buscaron explicaciones de la autoridad local en la alcaldía (que envió una camioneta para ayudar a mover de la calle las pertenencias de quienes las sacaron del edificio) y otro grupo acudió al Búnker el 17 de julio último, al día siguiente del aseguramiento. Atendidos por la agente del Ministerio Público, Evelyn Elizabeth Rodríguez, quien les dijo que les avisarán cuando puedan retirar sus cosas. Del proceso de fondo, no se hizo responsable.

Contrario a lo argumentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que desde el caso del desalojo de Cuba 11, en el Centro Histórico de la capital, se comprometió a garantizar los derechos de las personas expulsadas forzosamente de sus hogares, los desalojos extrajudiciales de la Fiscalía Ambiental siguen su propio camino, al margen de la discusión sobre vivienda digna en la capital mexicana. 

Historia, conflictos y expropiación

El edificio de Cairo 266 quedó sin papeles a inicios del siglo XX, cuando el patriarca de la familia Frías lo compró de palabra y así lo fue heredando de generación en generación, sin que sus hijos ni nietos lo escrituraran tampoco. Los vecinos más antiguos –que llevan tres décadas allí– le rentaron a su bisnieto:

“La gente se enteró que no había título de propiedad que lo acreditara como dueño, y que la persona que aparecía en el registro llevaba ya tiempo fallecido. El edificio sí lo compró su bisabuelo, pero nunca lo pudo acreditar. En la actualidad, esa familia decidió que le salía más caro arreglar todos sus papeles y pagar los impuestos, que lo que le daba el INVI por el terreno, por eso se avanzó en el proyecto de expropiación”, contó a Proceso uno de los vecinos desalojados, que pidió que su nombre no sea revelado, dada la inseguridad que representa la existencia de una carpeta penal por despojo en el edificio, de la cual desconocen sus alcances.

La declaración de utilidad pública para la construcción de vivienda social en este edificio fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 17 de febrero de 2023, dando publicidad a una decisión firmada por el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, en la cual se reconoce que el edificio fue dictaminado con alto riesgo estructural por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones –en oficio fechado el 21 de abril de 2017–, que el Comité de Patrimonio Inmobiliario dio su visto bueno para la expropiación del mismo y que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios del Instituto de Vivienda respaldó la decisión, según el documento al que Proceso pudo acceder.

“El edificio estaba totalmente habitado cuando se inició este proceso para la expropiación, pero tiempo después un grupo entró al edificio, golpeó a algunos vecinos y, con la intimidación, muchos se fueron. Nos estuvieron extorsionando, cobrando rentas que no debíamos de pagar porque ellos decían que había entrado una ‘nueva administración’ y metieron gente nueva, a la que ellos le empezaron a rentar”, explicaron a esta revista.

Así, el edificio quedó en una situación compleja, en la que convivían dos realidades precarias, pero que no habían invadido: los habitantes más nuevos entraron rentando a intermediarios falsos; y otros, los vecinos viejos, quedaron atrapados en sus propias casas, gracias a un proceso de regularización abandonado por las autoridades correspondientes. “Quedamos en una situación muy vulnerable, denunciamos en el INVI lo que estaba pasando, pero luego vino el cambio de gobierno en la CDMX, luego el escándalo por el huachicol, luego el Mundial y siempre hay una causa en el país que no deja avanzar los proyectos. Este caso lleva arrastrando más de siete años que iniciamos y no avanza”, explicó.

“Realmente, los que tenemos muchos años aquí, tenemos el derecho de permanecer. Nosotros estamos de acuerdo con que se haga el proceso de obra nueva, pero queremos que el INVI nos contemple para esa vivienda”, explicó Héctor Fernández, otro de los vecinos que habló con Proceso. Fernández vivió momentos de tensión durante el desalojo, ya que su hermano octogenario precisa de una máquina de oxígeno constante para vivir. Fue gracias a una vecina que le brindó acceso a la conexión de luz que logró brindarle ese apoyo, una vez que ambos estaban en la calle.

“No hubo golpes, pero sí hubo excesiva violencia verbal. Llegaron sin ambulancia, sin personal para las mascotas o jaulas para sacarlas, o sea, hicieron una mala logística, una mala planeación para este desalojo. Nunca nos avisaron nada cuando, hasta dónde tenemos conocimientos nosotros, el INVI nos iba a hablar previamente cuándo tuviéramos que salir para que comience la obra”, explicó.

Eso está incluido en el decreto firmado por Batres de 2023, en el considerando décimo cuarto dónde se explicita que “las personas que ocupan dicho inmueble aceptaron las condiciones generales del citado programa de sustitución de vivienda en lo relativo al mejoramiento urbano del mismo, obligándose a desocuparlo y reubicarse por sus propios medios, durante el tiempo en que se realicen los trabajos correspondientes y hasta la entrega de las viviendas que se construyan”, según el documento.

Sin embargo, esos vecinos que habían aceptado estas condiciones no fueron considerados especialmente por la Fiscalía de la CDMX y no tienen, hasta el momento, ninguna garantía que se respete su pelea de años en ese sitio, ahora que la Policía de Investigación tomó control del edificio y guarda para sí la potestad de cambiarlo de manos y entregar la posesión a una persona desconocida, que inició la demanda por despojo contra un edificio en proceso de expropiación.

Expropiación y la invasión de Cuba 11

Proceso buscó respuesta del gobierno capitalino respecto de su intervención en Cairo 266. El subsecretario de Concertación Política y Buen Gobierno de la Ciudad de México, Juan José García Ochoa, aclaró que no fueron notificados del desalojo porque, al llevarlo la Fiscalía, el tema se trata como un “aseguramiento” policial, sin que pase por el poder político.

Explicó que, si las personas afectadas logran acreditar su legítima posesión, el gobierno puede ayudar con apoyos de renta e incorporarlos a un programa de vivienda, el cual no está disponible para quienes hayan sido parte de la invasión del predio, que ocurrió tras la intervención gubernamental para su expropiación.

Proceso buscó respuesta del titular del Instituto de Vivienda, Inti Muñoz, para retomar qué sucederá con la expropiación; no hubo respuesta.

Lo sucedido en Azcapotzalco encendió también las alarmas en el Centro de la Ciudad, debido a que los desalojados del predio de Cuba 11 –que mantienen un plantón fuera del edificio desde hace 11 meses, tras un fraude procesal que los sacó igualmente de un edificio intestado– acaban de sufrir un tercer intento de invasión, apenas una semana después que el gobierno local publicara el primer decreto expropiatorio del edificio.

“Fue el sábado 25, en la noche. Los vecinos identificaron que había gente adentro del predio porque vieron luces que cambiaron y tablas que pusieron. Entonces, los confrontaron desde afuera y ellos los amenazaron. Unos momentos después se escucharon detonaciones como de balazos desde adentro del predio, yo creo que los lanzaron al aire”, contó en entrevista Arturo Aparicio, abogado de los vecinos desalojados.

Llegaron al predio dos grupos de policías que entraron en discusión de si intervenir o no, hasta que dos oficiales ingresaron por el edificio vecino, ya que la entrada principal de Cuba 11 está soldada. Sacaron a dos personas –aunque una tercera huyó– que fueron remitidas, primero, a la Fiscalía Territorial de Cuauhtémoc, que los trasladó a la Fiscalía Ambiental, la misma que actuó en el caso de Cairo.

Sin embargo, pese a la flagrancia en la que estas dos personas fueron detenidas invadiendo el inmueble en conflicto, en la Fidampu negaron a los vecinos de Cuba 11 la posibilidad de levantar su denuncia por despojo, argumentando que ellos no son los dueños del predio, aunque tengan un interés directo en el mismo, ya que han impulsado su expropiación.

Proceso pudo saber que la Fiscalía rechazó inicialmente realizar a los detenidos las pruebas periciales para hallar restos de pólvora en sus manos y ropa, que pudiesen probar la ocurrencia las detonaciones de arma de fuego y la amenaza evidente contra los vecinos para consumar la invasión. También que, cuando llegaron al Ministerio Público, ambos detenidos ya contaban con defensores privados que les esperaban en la sede, distinto a lo que ocurre con la criminalidad común, que suele ser representada por defensores públicos.

En el Gobierno de la CDMX la invasión de Cuba 11 fue atendida directamente por el Gabinete de Despojos, en el seno del gobierno local, a cargo de Jesús Salazar, director jurídico de Gobierno e intermediado por personal de la Conserjería Jurídica de la capital. Tras el tiempo reglamentario, Proceso confirmó el procesamiento de los dos detenidos, aunque no se confirmó por qué delito.

Esta invasión abortada sucede apenas 15 días después de la publicación del primer decreto expropiatorio de Cuba 11, el primero de tres para que la misma quede firme. Antes, durante los primeros partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial de fútbol ya habían padecido de otros dos episodios de intimidación e intento de invasión, que no lograron concretarse. Hasta el momento, este edificio es el único de los afectados por desalojos arbitrarios que avanza hacia una expropiación, la cual tiene a sus vecinos en alerta máxima, porque a ellos les toca resguardar el lugar hasta que la misma se concrete.