Activistas denuncian en la Segob la violencia y el desplazamiento forzado que sufre la Sierra Tarahumara.

Jared Laureles y Alexia Villaseñor.

Vía: La Jornada.

Organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante quienes denunciaron que persiste la violencia del crimen organizado y la inseguridad en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, así como el riesgo de que más comunidades sean expulsadas de sus territorios.

La Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) , Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras, expusieron ante funcionarios federales la situación de desplazamiento forzado interno que enfrentan las familias, por lo que demandaron medidas para garantizar su seguridad, protección y retorno en condiciones adecuadas.

Al encuentro también acudieron algunas víctimas, quienes compartieron sus testimonios y las dificultades que enfrentan tras abandonar sus territorios. Señalaron que el despojo no sólo implica la pérdida de sus viviendas y patrimonio, sino también de sus comunidades, formas de vida, tranquilidad y, en algunos casos, de seres queridos.

Ante ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob acordó trabajar de manera coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones civiles para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Como parte de los acuerdos, funcionarios de la dependencia realizarán una visita a Chihuahua para reunirse directamente con las comunidades y conocer las condiciones que enfrentan, con el objetivo de definir y poner en marcha acciones de atención inmediata y oportuna, de acuerdo con las organizaciones.

En la reunión, la Segob les informó que en días recientes ya comenzó una serie de acciones como parte de una ruta de atención a la problemática, y que la dependencia ya cuenta con un diagnóstico elaborado a partir de la visita realizada el 8 y 9 de agosto, “donde reconocieron la magnitud de la problemática del desplazamiento forzado”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina, informó que este jueves se trasladaron a Ciudad Cuauhtémoc para reunirse con personas de comunidades guarijías, rarámuri y mestizas originarias de los municipios de Moris, Urique y Guadalupe y Calvo, quienes se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen.

“Dialogaremos directamente con ellas para conocer su situación y necesidades, escuchar sus planteamientos y dar seguimiento a las acciones necesarias para su atención y acompañamiento”, señaló.

Las organizaciones presentaron a las autoridades el “Informe sobre el desplazamiento forzado interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación”, que documenta la situación que enfrentan las comunidades de la Sierra Tarahumara. El informe fue elaborado a partir de una misión que visitó las ciudades de Parral, Delicias y Chihuahua, donde se entrevistó a alrededor de 200 personas.

Entre las principales peticiones se encuentra la coordinación entre los gobiernos federal y de Chihuahua, así como los municipios, para que instrumenten un plan especial de atención colectiva al desplazamiento forzado interno en la entidad.

“La exigencia y el llamado para dar atención a las comunidades son para los tres niveles de gobierno y para todas las instancias públicas que puedan aportar al tema, sin distinción de su nivel de gobierno, partido o grupo político”, recalcaron.