San Luis Potosí iniciará una nueva etapa de análisis sobre la regulación de la inteligencia artificial, luego de que el Gobierno del Estado presentara al Congreso una iniciativa para derogar las disposiciones del Código Penal relacionadas con el uso indebido de esta tecnología y abrir un proceso de discusión con la participación de especialistas y diversos sectores de la sociedad.
La propuesta fue entregada durante el Primer Encuentro por la Innovación, los Derechos Humanos y la Inteligencia Artificial, encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, donde participaron representantes de universidades, centros de investigación, organismos empresariales, colegios de abogados, periodistas y autoridades.
Como parte de este proceso, el Ejecutivo estatal planteó derogar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal, así como las disposiciones vinculadas al Decreto 0314, con el propósito de construir una nueva propuesta legislativa mediante un Parlamento Abierto y una consulta especializada sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales.
El diputado Héctor Serrano Cortés informó que la iniciativa seguirá el procedimiento legislativo correspondiente en el Congreso del Estado y señaló que todas las leyes son susceptibles de revisarse y perfeccionarse conforme evolucionan las necesidades de la sociedad.
El legislador sostuvo que la propuesta original buscó proteger derechos fundamentales, como la vida y la dignidad humana, frente a los riesgos derivados del uso indebido de la inteligencia artificial, por lo que consideró necesario mantener un debate amplio que también contemple la libertad de expresión y los derechos digitales.
Añadió que el nuevo proceso permitirá escuchar las opiniones de especialistas, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintos sectores, con el objetivo de construir una regulación moderna que brinde certeza jurídica y responda a los retos que plantea el avance de estas tecnologías.
Durante el encuentro también se destacó que la inteligencia artificial tiene cada vez mayor presencia en ámbitos como la educación, la salud, el empleo, la administración pública y los medios de comunicación, por lo que las autoridades coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras que protejan los derechos de las personas sin frenar la innovación tecnológica.
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