Con el propósito de fortalecer la protección de los derechos de las víctimas desde una perspectiva de género, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, incorporando el concepto de revictimización dentro de la legislación.
La propuesta plantea adicionar la fracción XXI al artículo 3 de la ley para definir la revictimización como el conjunto de acciones u omisiones, intencionales o no, que reproduzcan, agraven o prolonguen el daño sufrido por una persona que ya fue víctima de un delito, una violación a sus derechos humanos o una situación de violencia.
La legisladora explicó que este fenómeno puede presentarse cuando autoridades, instituciones, medios de comunicación o incluso el entorno social generan nuevas afectaciones durante los procesos de denuncia, atención, investigación, juzgamiento o difusión de un caso, provocando que la víctima vuelva a experimentar sufrimiento físico, psicológico, emocional, social o simbólico.
La iniciativa señala que la revictimización puede manifestarse mediante prácticas como la culpabilización de la víctima, los tratos indignos, la descalificación o cualquier conducta que vulnere nuevamente su dignidad y dificulte el acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, la propuesta armoniza la legislación estatal con el principio de victimización secundaria previsto en la Ley General de Víctimas, el cual establece que las autoridades deben evitar procedimientos o actuaciones que agraven la condición de quienes han sufrido un delito o una violación a sus derechos.
Roxanna Hernández Ramírez indicó que utilizar el término revictimización no modifica el alcance de la legislación federal, sino que fortalece la obligación de las instituciones de brindar una atención digna, respetuosa y libre de prácticas que profundicen el daño originalmente causado.
La diputada consideró que esta reforma permitirá cerrar vacíos legales y consolidar un modelo de atención integral, especialmente en beneficio de mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones Primera de Justicia e Igualdad de Género del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.
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