Las empresas conocidas como “proveedores fantasma” o “factureras” se encuentran bajo especial revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), debido al daño patrimonial que pueden ocasionar a los entes públicos mediante la facturación de operaciones inexistentes o simuladas.
Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, señaló que dentro del proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas 2025 se mantiene especial atención en la revisión de proveedores, a partir de hallazgos detectados en ejercicios anteriores relacionados con posibles operaciones simuladas.
Explicó que cuando se detectan este tipo de prácticas, el Instituto tiene la obligación de dar vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante las promociones correspondientes para el ejercicio de sus facultades de comprobación fiscal.
Lecourtois López advirtió que las operaciones inexistentes o simuladas, incluida la adquisición de facturas para justificar gastos, pueden generar consecuencias legales, fiscales y administrativas para los servidores públicos involucrados. Dependiendo de las circunstancias y de la conducta acreditada, las responsabilidades pueden incluso tener consecuencias penales.
También señaló que los proveedores que actúen en contubernio con funcionarios públicos pueden ser sujetos de responsabilidades conforme al marco legal vigente, cuando su participación contribuya a la realización de actos irregulares o presuntamente delictivos.
En la revisión de las Cuentas Públicas 2025, el IFSE ya perfila algunas observaciones relacionadas con la falta de documentación fiscal y administrativa que respalde operaciones financieras, duplicidad de comprobantes y registros contables aplicados de manera incorrecta.
Estas observaciones todavía deberán ser desahogadas por los entes auditables conforme a los procedimientos establecidos. En caso de que las irregularidades no sean solventadas de manera satisfactoria, podrían derivarse las responsabilidades administrativas correspondientes.
El titular del IFSE hizo un llamado a los servidores públicos de los entes sujetos a fiscalización para evitar operaciones con empresas que emitan comprobantes fiscales sin que exista un procedimiento que acredite la adquisición de bienes o la prestación efectiva de los servicios.
“Si el bien o servicio se pagó y no existe, hay que reparar el daño y la única forma de hacerlo es regresar el recurso”, puntualizó.
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