Proponen que los 59 municipios de SLP tengan coordinación de Derechos Humanos

Todos los municipios de San Luis Potosí podrían contar con una Coordinación Municipal de Derechos Humanos, de aprobarse una iniciativa de reforma presentada por el diputado José Roberto García Castillo, que busca garantizar una instancia de orientación, acompañamiento y canalización de posibles violaciones a los derechos humanos en cada localidad.

La propuesta plantea modificar la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para establecer que los 59 ayuntamientos dispongan de esta coordinación, con una persona titular identificable, atribuciones definidas y una estructura acorde con sus capacidades presupuestarias, poblacionales y territoriales.

Actualmente, la legislación contempla la obligación de contar con esta instancia únicamente en municipios con más de 40 mil habitantes. La iniciativa busca eliminar ese criterio demográfico para ampliar la cobertura de atención en toda la entidad.

Entre las funciones previstas para las coordinaciones se encuentra orientar y acompañar a las personas en el ejercicio y protección de sus derechos, así como canalizar ante las autoridades competentes los casos relacionados con posibles vulneraciones.

También se contempla brindar especial atención a grupos prioritarios, entre ellos niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas migrantes y personas de la diversidad sexual.

Otro de los objetivos es impulsar la capacitación de servidores públicos municipales, particularmente de quienes trabajan en seguridad pública, justicia cívica, inspección, protección civil y atención ciudadana, para fortalecer el conocimiento y respeto de los derechos humanos en el servicio público.

La iniciativa establece que los ayuntamientos deberán prever recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento de estas coordinaciones, de acuerdo con sus ingresos disponibles y las disposiciones presupuestarias aplicables. Cada municipio determinaría su organización administrativa sin estar obligado a replicar una estructura uniforme.

El legislador sostiene que las obligaciones constitucionales de las autoridades en materia de derechos humanos no deberían depender del número de habitantes de cada municipio.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales, y de Derechos Humanos, para su análisis. Por ahora, se trata de una iniciativa y no de una reforma aprobada.