Proponen castigar con mayor severidad conductas que pongan en riesgo a la población en espacios públicos

Con el propósito de fortalecer la protección de la ciudadanía y responder a nuevas formas de violencia e intimidación, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, relacionado con el delito de exposición al peligro.
La propuesta plantea que incurra en este delito quien, sin causa justificada, coloque a una o más personas en una situación de riesgo, zozobra o inseguridad mediante disparos de arma de fuego, detonación de artefactos explosivos o el uso de sustancias químicas o inflamables durante enfrentamientos, riñas, asaltos, persecuciones u otros hechos similares ocurridos en lugares públicos o de acceso público. La conducta también sería sancionable cuando se realice desde espacios privados hacia zonas donde transitan o se concentran personas.
La iniciativa establece penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 400 a 800 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin perjuicio de otras sanciones que pudieran derivarse de los delitos cometidos.
Además, se propone aumentar hasta en una mitad las penas cuando las conductas se cometan en contra de niñas, niños y adolescentes, mujeres por razones de género, personas adultas mayores o personas con discapacidad. El incremento también aplicaría cuando los hechos ocurran en centros educativos, hospitales, instituciones de asistencia social, recintos oficiales o espacios destinados a espectáculos públicos.
Otro de los puntos relevantes de la reforma es que las mismas sanciones podrían imponerse a quienes utilicen armas réplica, de aire, de gas o cualquier otro objeto que, por su apariencia, sea capaz de intimidar o hacer creer a las víctimas que se trata de un arma de fuego real.
En la exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha diversificado y sofisticado sus mecanismos de intimidación, incluyendo el uso de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables para generar temor o causar daño, situaciones que actualmente no están contempladas con suficiente claridad en la legislación vigente.
Sánchez de Lira advirtió que esta ausencia de tipificación específica puede derivar en dificultades para la correcta clasificación de los delitos e incluso en la liberación de personas imputadas por falta de adecuación legal de la conducta. Por ello, consideró necesario actualizar el marco normativo para brindar mayores herramientas a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.