Los incrementos de arrendamiento de vivienda no deben ser mayores a la inflación anual

Con el fin de regular los contratos de arrendamiento de vivienda, el diputado Héctor Serrano Cortés, junto con la legisladora Jacquelinn Jauregui Mendoza y el diputado César Arturo Lara Rocha, propuso una iniciativa de reforma al artículo 2282 del Código Civil del Estado

Esta propuesta tiene como finalidad que en fincas destinadas a la habitación, la renta pactada por las partes en el contrato de arrendamiento, solo podrá ser aumentada anualmente y el incremento nunca será mayor a la inflación promedio reportada por el Banco de México en el año natural inmediato anterior.

En la exposición de motivos se señala que en la actualidad el Código Civil del Estado, regula los contratos de arrendamiento; sin embargo, no establece límites claros respecto al incremento anual de la renta en las viviendas.

Esta omisión ha permitido que en la práctica se presenten aumentos desproporcionados que afectan la estabilidad económica de las familias y generan incertidumbre en las relaciones contractuales entre arrendadores y arrendatarios.

Menciona que frente a esta situación, resulta necesario establecer mecanismos que permitan equilibrar de manera justa los derechos y obligaciones de ambas partes, garantizando condiciones de mayor certidumbre, transparencia y estabilidad en el mercado de arrendamiento.

Subraya que el derecho a una vivienda adecuada constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo digno de las personas y las familias, por ello la reforma propuesta no pretende intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino establecer un parámetro objetivo que permita evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento.

Asimismo, la iniciativa se alinea con el compromiso del Gobierno del Estado de impulsar políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias potosinas, particularmente de aquellas que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.