El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilícito en una terminal de almacenamiento de San José Iturbide, Guanajuato, puso nuevamente bajo la lupa los antecedentes de la instalación ubicada en la comunidad de La Fragua.
La operación fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de seguridad de Guanajuato en instalaciones relacionadas con Gas Natural del Noroeste, empresa que contaba con permisos para almacenar hasta alrededor de 100 millones de litros de combustibles.
Una planta que aumentó su capacidad
De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal, los primeros permisos para la instalación de la empresa en La Fragua fueron otorgados durante la administración municipal 2012-2015.
Posteriormente, en 2017 se documentó una multa de 150 mil 980 pesos debido a que la compañía habría iniciado la construcción de tanques sin contar con la autorización de uso de suelo correspondiente.
Ese mismo año, el Ayuntamiento autorizó modificaciones relacionadas con la propiedad y el uso de suelo de la terminal de almacenamiento y suministro de petrolíferos.
La capacidad autorizada también fue aumentando. Inicialmente se contemplaban cuatro tanques con una capacidad conjunta superior a 38 millones de litros y, posteriormente, se aprobó una ampliación que llevó el volumen autorizado a 97.7 millones de litros.
La terminal fue inaugurada en diciembre de 2017 con la presencia del entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y autoridades municipales.
Las instalaciones fueron construidas a la altura del kilómetro 56 de la carretera federal 57 y operaban en alianza con ExxonMobil y Grupo Gasolinero Orsan, según información del gobierno municipal.
Habitantes ya habían expresado preocupación
El crecimiento de la infraestructura generó inquietud entre habitantes de La Fragua.
En 2019, pobladores formaron un movimiento para manifestarse contra la ampliación de los tanques de almacenamiento. Entre sus señalamientos estuvieron los posibles riesgos para la comunidad, particularmente para escuelas, además de olores relacionados con hidrocarburos y afectaciones a actividades tradicionales.
Ante el aumento de la capacidad de almacenamiento, autoridades de Protección Civil y la empresa realizaron en 2018 talleres relacionados con emergencias por combustibles y gas LP dirigidos a cuerpos de auxilio de la región.
El actual gobierno municipal también ha planteado la necesidad de revisar las condiciones de seguridad y los permisos relacionados con la operación de la terminal. El alcalde Edgar Montes de la Vega pidió que se investigue si existieron posibles actos de corrupción en el proceso de autorización, aunque cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.
La investigación que llevó al aseguramiento
La FGR informó que la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, luego de la detención de un conductor de una pipa que transportaba 33 mil litros de combustible hacia una gasolinera de San Luis de la Paz.
Las autoridades señalaron que no se pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo. Las indagatorias condujeron posteriormente a un inmueble relacionado con el despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, a la terminal ubicada en San José Iturbide.
Durante el cateo fueron asegurados los 59 millones de litros de hidrocarburo, cuya procedencia es materia de investigación.
El volumen decomisado está integrado por:
- 33 millones 504 mil 067 litros de gasolina regular.
- 7 millones 266 mil 813 litros de gasolina Premium.
- 18 millones 265 mil 989 litros de diésel.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen del combustible, su trazabilidad y las posibles responsabilidades derivadas de la operación de la terminal.
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