El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas al Código Familiar y a la Ley de las Personas Adultas Mayores de San Luis Potosí, con las que se incorpora la definición jurídica de “Perspectiva de Persona Adulta Mayor”, en atención a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La modificación establece que este enfoque deberá aplicarse en dos ámbitos: durante la elaboración y dictaminación de leyes por parte del Poder Legislativo, así como en la planeación y diseño de políticas públicas del Poder Ejecutivo. También será obligatorio en la resolución de controversias familiares en las que intervengan personas adultas mayores.
De acuerdo con el decreto, las autoridades que atiendan asuntos familiares deberán juzgar con esta perspectiva, mediante un enfoque especializado, diferenciado, integral y transversal que considere las circunstancias particulares de cada persona y evite decisiones basadas en estereotipos relacionados con la edad.
Para ello, deberán tomarse en cuenta factores económicos, sociales, culturales, de género, salud, discapacidad, dependencia y redes de apoyo, al reconocer que las condiciones de envejecimiento son distintas en cada persona.
Asimismo, la reforma incorpora la obligación de establecer metodologías para que las autoridades identifiquen las necesidades específicas de este sector al diseñar y aplicar políticas públicas, evitando que la edad se convierta en un motivo de discriminación.
En el caso del Congreso del Estado, las iniciativas de leyes, decretos y resoluciones que afecten directamente a las personas adultas mayores deberán elaborarse y dictaminarse bajo esta perspectiva, con el propósito de evitar barreras normativas u omisiones que limiten el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, el Poder Ejecutivo deberá aplicar este enfoque en los programas del Plan Estatal de Desarrollo relacionados con la atención, desarrollo e inclusión de las personas adultas mayores.
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