Buscan que adicciones en SLP se atiendan como un problema de salud y no como un delito

San Luis Potosí — El diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa para cambiar los artículos 23 y 35 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del Estado. El objetivo principal es que el sistema de salud potosino deje de ver y juzgar a las personas con adicciones como si fueran criminales, y comience a tratarlas como pacientes que necesitan ayuda médica y psicológica. El legislador explicó que la ciencia ya demostró que la adicción a las sustancias no es un simple problema de comportamiento, sino un trastorno de la salud mental que afecta al cerebro. Por ello, la ley debe enfocarse en curar y proteger los derechos humanos del paciente, en lugar de vigilarlo o castigarlo.

Médicos expertos para atender las crisis de abstinencia

La propuesta exige que el personal que trabaja con estos pacientes esté verdaderamente capacitado. Entre los puntos clave destacan:

• Capacitación científica: Quienes dirijan o apoyen en los centros de atención deben saber cómo tratar médicamente el síndrome de abstinencia (el malestar físico y mental que da al dejar una sustancia).
• Apoyo de especialistas: Los centros deberán contar con el auxilio de médicos expertos en toxicología y manejo de crisis.
• Traslados a tiempo: Si el estado de un paciente es grave, los médicos tendrán la obligación de enviarlo de inmediato a un hospital general.

Un registro público para evitar "anexos" clandestinos

Para proteger a las familias potosinas que buscan ayuda en momentos desesperados, la reforma ordena la creación de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento.

• Este registro será una lista oficial de los centros de rehabilitación autorizados.
• Estará disponible y siempre actualizada en la página de internet de la Secretaría de Salud del Estado.
• Servirá para que la ciudadanía elija lugares seguros y legales, ayudando también a vigilar que estos espacios cumplan con la ley.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso. Ahí los diputados revisarán los detalles técnicos antes de que se mande al Pleno para su votación.