Por: Debate Digital
Activistas han alertado sobre un aumento del 50% en enfermedades como el trastorno esquizofrénico, el estrés postraumático, la ansiedad y la angustia.
Este incremento se debe, en gran medida, a las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos, que han intensificado el estrés y la incertidumbre entre los migrantes. La falta de empleo y los complicados trámites para obtener documentos agravan aún más la situación.
Fabiola Díaz Rovelo, directora de la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes, ha señalado que en las últimas semanas han atendido a unas 100 mujeres con casos de depresión, que van de moderados a graves. La situación es crítica, con riesgos de muerte accidental por inanición, deshidratación y problemas cardíacos.
Las nacionalidades más afectadas son hondureños, salvadoreños y haitianos, quienes enfrentan el abandono de sus consulados y la falta de apoyo en México.
La ciudad de Tapachula, un epicentro de la crisis migratoria, carece de hospitales o clínicas adecuadas para atender estos padecimientos. Médicos Sin Fronteras ha reportado un aumento del 36% en pacientes de salud mental que han sufrido violencia extrema en el primer trimestre de 2025. La violencia a lo largo de la ruta migratoria y las políticas restrictivas de Estados Unidos han contribuido a esta alarmante situación.
Nayeli Sedeño, una migrante venezolana, describe su situación como crítica, viviendo con miedo y angustia mientras busca el sustento diario en las calles. Ella y otros migrantes piden más humanismo, menos discriminación y oportunidades de empleo en México. Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Organización de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional, destaca que los traumas comienzan desde que los migrantes dejan sus hogares, enfrentando violaciones, asaltos y discriminación en su búsqueda del sueño americano.
La situación en la frontera sur de México refleja una crisis migratoria que se ha intensificado desde la llegada de Donald Trump al poder. Según el diario The Washington Post, Trump planea deportar a un millón de personas este año, más del doble del récord de deportaciones de 2011. El endurecimiento de la política migratoria es una de las prioridades de su administración, exacerbando la crisis humanitaria en la región.
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