El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros presentó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el Informe Sombra que evidencia la grave crisis de desapariciones en San Luis Potosí, donde entre 2018 y mayo de 2025 se han registrado al menos 1,818 personas desaparecidas o no localizadas. De ese total, más de 700 siguen sin ser encontradas. El documento denuncia una respuesta institucional insuficiente, marcada por la dilación en las investigaciones, omisiones graves por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la falta de una Fiscalía especializada en desapariciones.
El informe, construido con cifras de la Fiscalía General del Estado, testimonios de víctimas y análisis periodísticos, revela que la crisis afecta principalmente a hombres jóvenes de entre 20 y 40 años, aunque también destaca una alarmante incidencia en mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años, quienes muchas veces son víctimas de trata, violencia sexual o feminicidio. También se advierte una tendencia creciente de desapariciones entre menores de edad y personas migrantes, especialmente en las zonas del Altiplano y la Huasteca.
Las regiones más afectadas son San Luis Potosí capital, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y Tamuín, donde además se han identificado más de 60 fosas clandestinas y sitios de exterminio, algunos con restos calcinados, uso de ácido y evidencia de intentos por desaparecer cualquier rastro humano. En Moctezuma y Charcas, por ejemplo, se han documentado los primeros campos de exterminio en el estado. La falta de capacidades forenses ha obligado incluso a enviar restos a laboratorios en Alemania.
El informe también critica el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que desde 2019 se comprometió a publicar un informe especial sobre desapariciones y no lo ha hecho, a pesar de haber recabado testimonios de familiares en las cuatro regiones del estado. Asimismo, cuestiona la eficacia del Sistema Estatal de Búsqueda, que carece de un plan, presupuesto suficiente y personal capacitado, además de estar incompleto por falta de nombramientos.
El colectivo denuncia que muchas veces las autoridades minimizan las denuncias, culpabilizan a las víctimas o atribuyen las desapariciones a vínculos con el crimen organizado sin investigación previa. Ante esto, las madres buscadoras han asumido la tarea de búsqueda en campo, a menudo sin protección y con recursos propios. En al menos tres ocasiones han sido atacadas durante diligencias en la Zona Media y Huasteca.
La organización exige, entre otras cosas, la creación inmediata de una Fiscalía Especializada en Desapariciones, la emisión regular de informes por parte de la CEDH, mayor presupuesto para la Comisión Estatal de Búsqueda, protocolos diferenciados para la atención de mujeres, menores y pueblos indígenas, así como mayor transparencia y acceso a la información pública.
La publicación busca ser una herramienta para la incidencia en política pública, visibilizar la gravedad del fenómeno y exigir verdad, justicia y reparación integral para las víctimas y sus familias.
La maestra Edith Pérez Rodríguez, fundadora del colectivo señala que las madres buscadoras tienen memoria, aunque las instituciones no la tengan. Añade que no son acompañantes sino las que buscan y exigen, por lo que no dejarán de alzar la voz hasta encontrarles.
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